Ecuador aprueba alza de impuestos a la banca para ayudar a los pobres

Este martes se aprobó el proyecto de Ley para elevar los impuestos de la banca en Ecuador, una propuesta que prevé recaudar unos 164 millones de dólares anuales y que serían destinados a las clases más bajas del país.

La iniciativa del gobierno de Rafael Correa, candidato a la presidencia, fue aprobada por 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones.

La Asamblea Nacional, el parlamento unicameral ecuatoriano, dio el visto bueno a la iniciativa. Eran necesarios por lo menos 63 votos para su aprobación. A los 54 escaños del movimiento oficialista Alianza País y sus aliados socialistas se sumaron legisladores de oposición en favor del proyecto de ley, que mantuvo el contenido principal del borrador enviado por el Ejecutivo.

El texto enviado por el mandatario ecuatoriano, plantea una serie de gravámenes para financiar un aumento de 35 a 50 dólares, a partir de enero, del Bono de Desarrollo Humano (BDH), un subsidio creado en 1998 que beneficia a 1,9 millones de personas de bajos recursos económicos. Correa propone un impuesto de 3 por ciento sobre los ingresos gravables de las instituciones financieras y una nueva tasa de 0,25 por ciento mensual, sobre sus activos en el exterior, pudiendo ser de 0,35 por ciento, si están en paraísos fiscales.

La propuesta del alza del bono la presentó originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la Presidencia, aunque él dijo que la pagaría con los fondos que el Estado destina a publicidad. Correa prometió el mismo incremento, pero costeado con un aumento de los gravámenes a la banca.

También sugiere un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 por ciento para los servicios financieros y eliminar un beneficio que permite a los banqueros deducir 10 por ciento del impuesto a la renta mediante la reinversión de ganancias en créditos productivos. Además, busca poner un límite a los salarios de los directivos de los bancos, pues según el gobierno esos montos encubren las utilidades, además, planea ampliar el acceso de las autoridades a la información bancaria de los clientes.

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