lunes, 25 de marzo de 2013

Pánico en la Casa del Rey ante posible imputación de la infanta Cristina sobre hechos de corrupción

OFICIAL: ESPAÑA
Los últimos datos que maneja el juez Castro sobre el proceso en el que está implicado Iñaki Urdangarin podrían decidirle a citar a la hija del rey en un plazo de dos semanas. Zarzuela se prepara para la peor de las hipótesis.

Los duques de Palma
El juez José Castro, instructor del ‘caso Nóos’, se está replanteando la posibilidad de imputar a la infanta Cristina en el marco de su investigación en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que continúa rechazando esta hipótesis. La alerta saltaba ayer desde Palma de Mallorca, cuando la emisora Última Hora Radio, citando fuentes de los juzgados de la capital isleña, daba por hecha esta imputación en el plazo de dos semanas, tal y como les informó inSurGente.

La firma de la infanta habría aparecido en tres actas de reuniones del Instituto Nóos, a cuya junta directiva pertenecía la mujer de Iñaki Urdangarin, principal imputado en la trama junto a su ex socio Diego Torres. La Fiscalía, sin embargo, no ha creído conveniente citar a Cristina de Borbón a los juzgados, primero, porque sólo defendería a su marido y entorpecería la investigación y, segundo, porque Anticorrupción mantiene que no hay indicios penales contra ella, pues en las tres reuniones de las que firmó las actas, no se tomaron decisiones relevantes ni –mucho menos- las presuntas constitutivas de delito.

Aunque el juez y la Audiencia de Palma habían rechazado esta imputación en un primer momento, nueva información en manos de Castro reabre la peor posibilidad para la Casa del Rey en su peor momento de valoración pública: la imagen de la infanta entrando en los juzgados. Los datos que han hecho al juez reconsiderar su posición sobre la imputación de la hija del rey vienen de los correos de Diego Torres y de las declaraciones de los otros dos miembros de la Casa Real citados: el secretario de las infantas, Carlos García-Revenga (imputado), y el asesor jurídico del rey, el conde de Fontao José Manuel Romero (testigo), que declaró ayer en Madrid.

En su recurso de apelación contra el último auto del juez Castro, para librarse de la fianza civil impuesta de 8,2 millones de euros, Torres vierte toda la responsabilidad de la gestión de Nóos en su ex amigo, Iñaki Urdangarin, y en el entorno de éste, al recordar que la junta directiva del Instituto –que “dirigía y ordenaba”- la componía por “mayoría” la Casa del Rey en las personas de la infanta, García Revenga y Urdangarin.
La Casa del Rey vive con aparente normalidad estos momentos.

La reina Sofía ha cancelado la primera de las tres audiencias que tiene mañana, aunque en la Zarzuela, este hecho se desvincula completamente de las noticias surgidas ayer sobre su hija. A las 11:00 h, la reina iba a recibir a Somaly Mam, premio Príncipe de Asturias de Cooperación, pero ya no tendrá lugar esta audiencia. A las 13:00h sí está previsto que la monarca acuda a la sede de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) para la presentación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

En el entorno real son conscientes de que la imputación de la infanta es el peor de los escenarios antes de llegar al rey, y aunque dicen tenerlo “asumido”, la materialización de este supuesto provocará un antes y un después en la Institución. Nadie en Zarzuela quiere hacer futuribles, pero todas las posibilidades están abiertas si Cristina de Borbón es imputada, desde su divorcio de Iñaki Urdangarin hasta la abdicación del rey.

La noticia ha cogido a la Casa Real pendiente de la declaración en el Congreso del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que acudió a responder a las preguntas de los Grupos sobre la relación del CNI con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Félix Sanz Roldán, sin embargo, cumplió meticulosamente su papel, tanto de cara a la Corona como a los diputados, a quienes dejó satisfechos con sus explicaciones sobre su organismo. Al fin y al cabo, el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) sigue al frente del CNI tras la derrota del Gobierno socialista en 2011 porque el rey personalmente pidió a Mariano Rajoy que así fuera.


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