Los laboratorios farmacéuticos Takeda Pharmaceuticals y Eli Lilly han ocultado los riesgos para la salud de su medicamento contra la diabetes Actos (pioglitazona).
Un tribunal de Estados Unidos(EE.UU.) les ha multado por ello con 9.000 millones de dólares (6.550 millones de euros). Un número indeterminado de personas padecen ahora cáncer de vejiga por haber tomado el fármaco.
Actos está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento desde el año 2000. En España se comercializan varios genéricos, aparte del producto original.
Las primeras sospechas de que había riesgo de desarrollar cáncer de vejiga tras su ingesta datan de 2005. En 2011 las agencias del medicamento europea y estadounidense revisaron su balance beneficio riesgo y concluyeron que siguiera en el mercado.
La nota de la Agencia Española del Medicamento difundió una nota en la que explica que en determinados pacientes diabéticos el balance beneficio-riesgo del tratamiento con medicamentos que contienen pioglitazona se mantiene favorable, siempre que se tengan en cuenta una serie de contraindicaciones y advertencias encaminadas a minimizar el modesto incremento de riesgo de cáncer de vejiga observado en algunos estudios.
En la ficha técnica del producto se indica ese posible riesgo pero en Alemania y Francia hace ya tres años que su venta está suspendida. En EE.UU. existen al menos 2.700 demandantes por los daños causados por Actos. Los juicios pueden cambiar el rumbo exitoso de este fármaco mortal.
El caso recuerda mucho al del antidiabético Avandia, de GlaxoSmithKline (GSK). Una serie de estudios relacionó su uso con infartos o fallecimientos de más 50.000 pacientes con diabetes en todo el mundo, pero el laboratorio lo publicitó y comercializó sin alertar a los consumidores sobre sus potenciales efectos adversos.
Con posterioridad el laboratorio aceptó pagar 3.000 millones de dólares por violaciones de la ley en el etiquetado, marketing y divulgación de efectos adversos y precios de ciertos medicamentos.
Estos hechos no son aislados, como vemos. Ya es norma que a laboratorios de ingresos multimillonarios les interese más ocultar datos de daños de sus fármacos y después pagar multas que ofrecer esos números y arriesgarse a que les retiren del mercado el producto. Las multas son disuasorias pero es más importante que se haga Justicia.
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