Por Verdad Ahora
El apoyo a una restrictiva ley que atenta contra la privacidad en internet ha sido reactivado luego del ataque informático que sufrió hace algunas semanas la empresa Sony.
Una vez que la Casa Blanca declarara el hackeo imputado a Corea del Norte como un “asunto de seguridad nacional”, varios legisladores volvieron a poner en el tapete la necesidad de aprobar la Ley de Protección e Intercambio de Información de Ciberseguridad (CISPA) que en julio había sido congelada por el Senado estadounidense.
El director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que el ataque a Sony requerirá de una continua acción “ejecutiva” del presidente para proteger los “activos del gobierno federal”. Acto seguido planteó la necesidad de “llevar esto al siguiente nivel con leyes”.
La presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, afamada por estos días luego de dar a conocer el informe de torturas de la CIA, coincidió con Zients, manifestando que “debemos aprobar una ley de intercambio de información lo más rápido posible, el próximo año”.
El senador republicano John McCain también instó al Congreso a “aprobar, finalmente, una legislación comprehensiva de ciberseguridad” a raíz del hackeo a Sony, sentimiento que fue compartido por el congresista Jim Langevin, co-presidente de la sección de ciberseguridad del parlamento, quien sostuvo que el “nuevo Congreso debe actuar sin retrasos” en la aprobación de una ley que “permita al gobierno federal compartir con el sector privado lo que se conoce sobre las amenazas al ciberespacio, y visceversa”.
De la mano con el consejo entregado alguna vez por el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, en el sentido de “no permitir que una crisis vaya a la basura”, el gobierno de Obama ha comenzado a explotar conscientemente el ataque informático a Sony para impulsar su draconiana agenda de ciberseguridad, según escribe Paul Joseph Watson.
Originalmente, la Ley de Protección e Intercambio de Información de Ciberseguridad de 2014 permitía que “las compañías monitorearan las comunicaciones privadas en sus redes y revelaran información de usuarios al gobierno”. El proyecto también “eximía a las compañías de cualquier responsabilidad” en dicha tarea, destaca el Centro Informativo de Privacidad Electrónica.
A comienzos de año, Sandra Fulton, de ACLU, advirtió que CISPA “concedía al gobierno (de Estados Unidos) poderes extraordinarios para silenciar a potenciales denunciantes” como Edward Snowden, viéndose exentos de ejercer tales facultades con transparencia, y teniendo la ventaja de contactar directamente a las compañías para obtener información privada sin permiso de los tribunales.
Similares iniciativas de ciberseguridad fueron impulsadas en 2010 para hacer frente al surgimiento de los virus Stuxnet y Flame. Dos años más tarde, la organización Kaspersky Lab, basada en Moscú, involucraría al gobierno de Estados Unidos en la creación de ambos software.
Según trascendió en The Washington Post, Estados Unidos e Israel habían creado el virus Flame para atacar, en primera instancia, las instalaciones nucleares iraníes.
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