La capital de Costa Rica y varias ciudades del país fueron escenario este lunes de multitudinarias protestas organizadas por grupos sindicales con el fin de expresar su rechazo ante las pretensiones del Gobierno de establecer nuevos impuestos y suprimir beneficios a los trabajadores públicos.
En la marcha realizada en San José, que provocó el cierre de la Avenida Segunda, una de las principales arterias de la ciudad, participaron miles de personas pertenecientes a los sindicatos de sectores como la educación, la salud, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otros.
Sobre esta protesta, el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, indicó a la prensa que el lema oficial de este movimiento “tiene que ver con revertir las políticas neoliberales que ha venido implementando el Gobierno”.
“Estas políticas han venido a destruir las instituciones de bien social que tenemos en nuestro país, a generar pobreza y a concentrar la riqueza en pocas manos” agregó.
Además de la capital, estas manifestaciones también se extendieron a ciudades como Alajuela (centro), Guápiles y Siquirres (Caribe) y Ciudad Neilly (suroeste).
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) detalló que el Ministerio de Hacienda tiene previsto realizar una reforma fiscal que contempla un aumento del 13 al 15 por ciento del impuesto sobre las ventas y suprimir la exoneraciones a productos de la canasta básica.
Sumado a los impuestos, los trabajadores costarricenses también protestan por la privatización paulatina de los servicios de salud públicos y la deuda que el Gobierno mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social por unos dos mil 600 millones de dólares.
Asimismo, los manifestantes rechazaron una eventual reducción de las tarifas eléctricas al sector empresarial y un aumento en las residenciales, entre otras cosas.
Esta protesta se suma al gran número de manifestaciones que ha enfrentado el Gobierno de la presidenta, Laura Chinchilla, quien terminará su mandato de cuatro años en mayo próximo.La capital de Costa Rica y varias ciudades del país fueron escenario este lunes de multitudinarias protestas organizadas por grupos sindicales con el fin de expresar su rechazo ante las pretensiones del Gobierno de establecer nuevos impuestos y suprimir beneficios a los trabajadores públicos.
En la marcha realizada en San José, que provocó el cierre de la Avenida Segunda, una de las principales arterias de la ciudad, participaron miles de personas pertenecientes a los sindicatos de sectores como la educación, la salud, la electricidad, las telecomunicaciones, entre otros.
Sobre esta protesta, el secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca), Luis Chavarría, indicó a la prensa que el lema oficial de este movimiento “tiene que ver con revertir las políticas neoliberales que ha venido implementando el Gobierno”.
“Estas políticas han venido a destruir las instituciones de bien social que tenemos en nuestro país, a generar pobreza y a concentrar la riqueza en pocas manos” agregó.
Además de la capital, estas manifestaciones también se extendieron a ciudades como Alajuela (centro), Guápiles y Siquirres (Caribe) y Ciudad Neilly (suroeste).
La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) detalló que el Ministerio de Hacienda tiene previsto realizar una reforma fiscal que contempla un aumento del 13 al 15 por ciento del impuesto sobre las ventas y suprimir la exoneraciones a productos de la canasta básica.
Sumado a los impuestos, los trabajadores costarricenses también protestan por la privatización paulatina de los servicios de salud públicos y la deuda que el Gobierno mantiene con la Caja Costarricense del Seguro Social por unos dos mil 600 millones de dólares.
Asimismo, los manifestantes rechazaron una eventual reducción de las tarifas eléctricas al sector empresarial y un aumento en las residenciales, entre otras cosas.
Esta protesta se suma al gran número de manifestaciones que ha enfrentado el Gobierno de la presidenta, Laura Chinchilla, quien terminará su mandato de cuatro años en mayo próximo.
