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Habitantes de la región peruana de Cajamarca (norte) inciaron este jueves una huelga indefinida, en rechazo del proyecto minero Coga, valorado en 4.800 millones de dólares para la explotación aurífera.
El Frente de Defensa de la localidad norteña convocaron para la jornada un movilización en rechazo a la decisión del Gobierno de permitir el inicio del proyecto Conga con nuevas condiciones ambientales y laborales.
Los cajamarquinos estiman que unas 5.000 personas se unan a las actividades en defensa del medio ambiente. La huelga pretende paralizar todas las actividades productivas de la región. Pese a que los dirigentes que convocaron a la protesta aseguraron que sería pacífica, cerca de las 11h hubo un enfrentamiento entre la policía y unos pobladores.
El mandatario regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ofreció un discurso en el que rechazó la viabilidad del proyecto minero Conga, ni siquiera con todas las condiciones que recientemente puso el presidente de la nación, Ollanta Humala.
Resaltó que para los próximos días ciudadanos que rechazan proyectos mineros en otras localidades también convocaron protestas indefinidas. Las acciones se extenderán en Arquipa (sur), Ayacucho (suroeste) y Moquegua (sureste).
El pasado lunes grupos mineros de la ciudad de Cusco (sureste) protagonizaron enfrentamientos con la fuerza pública cuando protestaban contra la empresa minera suiza Xstrata. La Defensoría del Pueblo ha reportado que hay 171 conflictos activos en el país, la mayoría por temas medioambientales.
Desde distintos sectores rechazan la fórmula de criminalizar las protestas en contra de proyectos mineros y hasta la fecha se registran cuatro muertos y decenas de heridos en sólo diez meses de gobierno del presidente Ollanta Humala.
Los peruanos han emprendido una batalla en contra de la aprobación del proyecto Conga desde el 2010, debido a que su desarrollo obligaría secar cuatro lagunas naturales que surten de agua la región, cuya principal actividad económica se centra en la agricultura y a ganadería.
Una región peruana se levanta contra un proyecto minero. En México los huicholes también reclaman lo mismo.
La rebelión en Cajamarca, la principal productora de oro del país, plantea el primer conflicto social del Gobierno de Ollanta Humala
El periodo de calma social que disfrutó Ollanta Humala en sus primeros meses como presidente de Perú ha concluido definitivamente. La región de Cajamarca, principal productora de oro del país, ha declarado una paralización por tiempo indefinido a partir del jueves en rechazo a Conga, un proyecto aurífero y cuprífero que implica una inversión de 3.600 millones de euros. Los manifestantes, encabezados por el presidente regional, Gregorio Santos, se oponen a la construcción de la mina y se niegan a dialogar. Para ellos, la única salida es que el presidente declare inviable el proyecto.
Las protestas contra la actividad minera, que ya afectaron buena parte de la gestión del mandatario anterior, Alan García, han vuelto con fuerza. Hace dos semanas, la población de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en la región Apurímac, se movilizó violentamente para pedir que todas sus tierras sean declaradas libres de esa actividad. En esa ocasión, los huelguistas incluso amenazaron con secuestrar a la comitiva que el gobierno envió para negociar.
Sin embargo, lo que está en juego ahora es mucho más grande. El conflicto se ha definido como una disyuntiva entre el agua y el oro. El yacimiento aurífero de Conga se encuentra debajo de cuatro lagunas que constituyen la cabecera de tres cuencas fluviales que abastecen de agua a los agricultores y ganaderos de la región. Para poder extraer el mineral, estas lagunas deben ser desecadas para dar paso a un gigantesco tajo abierto. La empresa Yanacocha, que ya opera la mina de oro más grande de Sudamérica en la misma región, calcula que pueden recuperarse 8,9 millones de onzas de oro durante los 19 años de operación proyectada de la mina, lo que a los precios actuales del metal precioso equivaldría a más de 15 mil millones de dólares. También asegura que, para mantener el balance hídrico, se ha comprometido a mudar las lagunas a otra ubicación, lo que incluso le daría a los pobladores de la zona afectada un flujo más sostenido de agua a lo largo del año.
El presidente Ollanta Humala, que durante la campaña electoral tuvo un discurso bastante crítico con la minería, ha expresado públicamente su apoyo al proyecto, al que calificó de “importante”. También ha dicho que aceptará ultimátums de nadie para cancelar la operación. En similar sentido se han expresado sus ministros. “Estamos dispuestos a enriquecer todos los estudios de impacto ambiental, para que las observaciones que pueda tener la población sean absueltas”, insistió el jueves el jefe del gabinete, Salomón Lerner.
Pese a estos argumentos y ofrecimientos, los cajamarquinos no quieren la mina. No ayudan a la negociación los antecedentes de Yanacocha, que tiene como principales accionistas a las mineras Newmont y Buenaventura, y que ya estuvo involucrada hace 11 años en un masivo caso de intoxicación con mercurio en la localidad de Choropampa. Ayer la capital de la región amaneció con sus calles prácticamente desiertas. No hubo clases en los colegios y la mayoría de negocios permanecían cerrados. Grupos de policías vigilan los puntos donde se teme que pueda haber desmanes. Fuera de la ciudad, al menos dos carreteras han sido bloqueadas por los manifestantes.
Aunque el presidente regional ha señalado que la huelga será una protesta pacífica, las autoridades nacionales temen incidentes violentos. Señalan, también, que uno de los máximos dirigentes del frente de defensa ambiental que impulsa la protesta estuvo diez años en prisión por participar en una atentado del grupo terrorista MRTA. El ministro de Interior, Óscar Valdez, visitó la región el miércoles y recordó que solo tres días antes un importante número de armas y municiones fueron robadas en la localidad de Puerto Ciruelo, en la cercana región Amazonas. Fuentes de inteligencia del gobierno temen que estas sean utilizadas durante la protestas. Por su parte, el presidente regional ha acusado a Yanacocha de armar a sus trabajadores, algo que la empresa ha rechazado en un comunicado.
En México los huicholes también tienen el mismo reclamo, que el gobierno no ha respetado.