En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le comunicaron
su plan de inversiones en Argentina por 1.670 millones de pesos. El plan
contempla la construcción de una planta para la producción de semillas de maíz
en Malvinas Argentinas (Córdoba), dos estaciones experimentales y 170 millones
de pesos para investigación y desarrollo en maíz y soja. Las estaciones
experimentales se localizarían una en Tucumán y la otra en Córdoba.
Dedicado a Cristina Fuentes, in memoriam
Una Madre de Barrio
Ituzaingó Anexo, una luchadora
El título no es un juego de palabras. Describe una realidad inminente. En
1956 la empresa estadounidense Monsanto ingresó a la Argentina como productora
de plásticos y en 1978 empezó sus actividades de acondicionamiento de semillas
híbridas de maíz en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Actualmente posee en
nuestro país 5 plantas: dos procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en
Rojas, Planta Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos
estaciones experimentales (Camet, Fontezuela) [1]. Ahora pretende instalar una
tercera fábrica en la provincia de Córdoba y dos nuevas estaciones
experimentales [2][3].
La sede central de Monsanto está en el barrio de Creve Coeur en Saint Louis,
en el estado de Missouri (Estados Unidos). Fundada por John Francis Queen en
1901 su primer actividad de envergadura fue la venta del edulcorante artificial
sacarina a la empresa Coca Cola. Desde entonces ha generado y comercializado
centenares de sustancias químicas, entre ellas plaguicidas como el DDT y el
Agente Naranja (un herbicida y desfoliante con partes iguales de 2,4 D y 2,4,5 T
usado en Viet Nam), agregados para transformadores como los PCBs y edulcorantes
como NutraSweet. Contribuyó al desarrollo de las primeras bombas atómicas a
través del Proyecto Dayton y de Mound Laboratories y al desarrollo de plásticos
y electrónica óptica. Ingresó al campo de la producción de semillas y fue
pionera en el desarrollo de organismos genéticamente modificados, OGMs (1982).
Los OGMs tienen incorporados genes que los torna resistentes a la aplicación de
plaguicidas e incluso a la menor disponibilidad de lluvias.
Lamentablemente sus conductas irresponsables han sido casi tan numerosas como
sus productos. Innumerables tribunales de distintos países han condenado a
Monsanto por adulteración de datos y otras malas prácticas [1][4]. Recientemente
el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, en Francia, condenó a Monsanto porque su
plaguicida Lasso dañó la salud de un productor. Lasso tiene alacloro como
principio activo y cantidades significativas del solvente monoclorobenceno.
Precisamente, las muestras biológicas tomadas al afectado confirmaron la
presencia de monoclorobenceno (2012).
Sería ingenuo considerar a Monsanto como la única amenaza corporativa. Aunque
maneja el 80% del mercado de las plantas transgénicas, es seguida por Aventis
con el 7%, Syngenta (antes Novartis) con el 5%, Basf con el 5% y DuPont con el
3%. Estas empresas también producen el 60% de los plaguicidas vendidos en el
mundo [5].
Monsanto ingresó a la Argentina como industria plástica primero, y como
productora de semillas no transgénicas después [1]. Sin embargo, sus actividades
productivas y comerciales crecieron explosivamente a partir de la decisión que
tomaron varios funcionarios públicos de Argentina en una oscura reunión de la
CONABIA, el organismo de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el 21 de
septiembre de 1995 [6][26]. Ese organismo consideró que en lo referente a
bioseguridad agropecuaria no había inconvenientes para que se comercializara la
soja RR (Round-up Ready). Las cartas habían sido echadas sin previo debate
público ni consulta. Argentina ingresó de la mano de Felipe Solá y un grupo de
ignotos funcionarios a la experimentación abierta de organismos genéticamente
modificados. Todos ellos aprobaron al enigmático vegetal de pequeña estatura el
25 de marzo de 1996 [6]. La piratería de Monsanto, que se había apoderado de los
genes naturales de la soja con sólo agregarle un gene clonado procedente de la
bacteria Agrobacterium CP4 (el gen CP4 EPSP), ingresaba legalmente al país. En
cuanto al glifosato ya había sido aprobado en 1977 por el SENASA, que lo
revalidó en 1999 [27].
Hacia fines de la década de 1990 Argentina empezaba a pagar el precio de
tener instituciones públicas y funcionarios poco serios, más preocupados por
complacer a las corporaciones internacionales que en proteger la salud de los
ciudadanos. En base al criterio de dosis letal 50 -absolutamente inapropiado
para clasificar plaguicidas- el glifosato ya estaba incluido internacionalmente
en la Clase Toxicológica IV: "productos que normalmente no ofrecen peligro".
Esto parecía ahuyentar cualquier riesgo. No se consideraron entonces las
consecuencias negativas de sus bajas dosis, pese a que ya existía suficiente
bibliografía y sólidas alertas. Servilismo e ignorancia se combinaron para que
durante los siguientes 15 años personas y ecosistemas formaran parte de un
experimento abierto que las afectaría en forma silenciosa. Cientos de miles de
bebés, niños, adolescentes y adultos fueron transformados en cobayos
involuntarios y sin derecho a protesta. Pero no recibirían solamente glifosato y
su derivado AMPA [28], sino también una larga lista de otros plaguicidas, entre
ellos los insecticidas endosulfán y clorpirifós y el herbicida 2,4 D.
Las puertas institucionales del país quedaron abiertas así para el cultivo
masivo de la soja TH (comercialmente RR), y su herbicida asociado, todo ello en
base a un raquítico expediente de 146 fojas que contenía información
mayoritariamente aportada por Monsanto. A partir de allí la revolución
transgénica local siguió los mismos caminos de parcialidad y de corrupción
técnica que ya se habían registrado en otros países. El glifosato y sus
derivados pasaron a interactuar luego con plaguicidas ya existentes y con nuevos
productos, todos ellos autorizados por SENASA con la misma torpeza e
insuficiencia técnica demostrada por la CONABIA. Al resto de la historia la
conocemos todos. La oscura historia administrativa quedó sepultada por
crecientes superficies de suelo argentino dedicadas a la agricultura industrial
y por cuantiosos ingresos privados y fiscales, resultado de las exportaciones de
soja y demás cultivos transgénicos.
Actualmente la patente de la semilla de soja TH y de otras especies
resistentes a plaguicidas sigue perteneciendo a Monsanto, pero desde el año 2000
ya no es propietaria de la fórmula del glifosato. Esto explica porqué se
multiplicaron industrias productoras en varios países del mundo. En Argentina se
utilizan crecientes cantidades de glifosato chino, y plantas petroquímicas como
Atanor –del grupo estadounidense Albaugh- lo produce localmente (glifosato II).
Atanor fabrica también los peligrosos plaguicidas 2,4 D; 2,4 DB; MCPA,
trifluralina, atrazina, simazina y dicamba además de participar en el negocio de
los organismos genéticamente modificados.
Como Monsanto, Atanor tiene su casa
matriz –Albaugh- en el estado de Missouri. Esta diversidad de productores de
glifosato torna cada vez más difícil el control de las composiciones químicas,
que pueden variar incluso entre partidas de la misma fábrica y procedencia.
Lamentablemente, algo ya funcionaba mal antes de que se produjese el boom de
los cultivos transgénicos. Al aplicarse plaguicidas sólo se tenían en cuenta las
dosis letales –las que pueden matar directamente una persona- y se descartaban
los efectos de las bajas dosis y la exposición crónica. Además, en un país sin
registros de morbilidad y de mortalidad por causas generales, y sin un monitoreo
continuo y nacional de residuos de plaguicidas, todo parecía indicar que el uso
de plaguicidas era inofensivo para la salud y el ambiente. Como no había
mediciones tampoco podían detectarse los efectos [7]. Este pasado de
irresponsabilidad estatal prosiguió sin cambios, lo cual facilitó la expansión
descontrolada de cultivos industriales. Argentina era el país ideal para
Monsanto y otras empresas. La debilidad del Estado y de la propia sociedad para
proteger del desmonte a los ambientes nativos hizo el resto. Argentina bajó su
biodiversidad nativa a niveles alarmantes, pero también bajó su diversidad de
cultivos y productos agropecuarios. Durante el período 1999-2006 la diversidad
de cultivos del campo argentino decreció en más de un 20% [8].
Campos ganaderos pasaron a ser sojeros, fue cada vez más difícil practicar
agricultura orgánica y actividades tradicionales como la producción de miel
entraron en crisis. En Polonia por ejemplo el maíz transgénico Bt de Monsanto
(Mon810) fue acusado de provocar en las abejas el Trastorno de Colapso de las
Colonias (CCD en inglés). Hubo fuertes protestas nacionales de los apicultores y
el gobierno prohibió finalmente el cultivo de maíz transgénico (mayo de 2012).
Como preveía que esto podía ocurrir, Monsanto adquirió en septiembre del 2011 la
prestigiosa empresa Beelogistics, especializada en esa y otra enfermedad de las
abejas, la virosis IAPV. Al controlar las operaciones y por lo tanto los
informes técnicos de Beelogistics, Monsanto protege al maíz transgénico del
efecto cascada que podría provocar en otros países la dura sanción polaca
[23][24].
En Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos para
pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y China, y a
proveer de biocombustibles sus vehículos [9]. El uso de estos últimos le permite
argumentar a los países del Primer Mundo que ellos utilizan menos petróleo, y
que son por lo tanto más sustentables, lo cual es falso.
Quienes compran soja y derivados de soja en naciones alejadas de sus
territorios cuidan así sus suelos, sus aguas y su salud, pues trasladan a los
países productores –en este caso Argentina- todos los efectos negativos. Aún hoy
seguimos creyendo, erróneamente, que el elevado precio internacional pagado por
tonelada de soja compensa las pérdidas ambientales y sanitarias. Previsiblemente
las codicias privadas y públicas alimentadas por la soja siguen asociadas,
aunque gobiernos y productores hayan mostrado fuertes enfrentamientos.
Entretanto las enfermedades y muertes no registradas, la pérdida de
biodiversidad única y la formación de crecientes depósitos ambientales de
residuos de plaguicidas continúa escandalosamente [7]. Quien crea que el Estado
regula y nos protege está equivocado. Somos un país abierto a experimentos
agropecuarios abiertos, un país que contribuye además, y a bajo costo, con sus
propios desarrollos biotecnológicos. Nos invaden y ofrecemos al invasor las
patentes de OGMs desarrollados en laboratorios locales. Se repite así la
perversidad de la colonización megaminera, facilitada por los excelentes
estudios geológicos de investigadores argentinos. En este proceso las
universidades públicas y privadas no son precisamente inocentes, pues generan
investigación, desarrollo tecnológico y recursos humanos que alimentan el modelo
extractivo.
Lamentablemente los gobiernos de la Nación y de las provincias siguen sin
reaccionar ante la "megaminería agrícola" que vacía suelos de nutrientes y hace
aumentar las enfermedades y muertes. Mientras la megaminería metálica crea zonas
de sacrificio sobre centenares y miles de hectáreas, la megaminería agrícola
produce zonas de sacrificio sobre millones de hectáreas de suelos. Todo parece
indicar que la codicia y la complicidad con el modelo agropecuario actual son
más fuertes que la sensibilidad y la razón. Aunque rija por ley el Principio de
Precaución –ello conforme al Artículo 4° de la Ley Nacional de Ambiente 25675-
por ahora sólo rige el Principio de la Ganancia a Cualquier Costo. Ambiental y
social.
Facilitando la invasión
Cuatro hechos nos ayudarán a comprender el sugestivo silencio de los
gobiernos de Argentina y sus funcionarios, y porqué Monsanto puede invadir
Malvinas Argentinas sin mayores obstáculos.
1. El modelo de agricultura industrial o de "cadenas cortas intensas" que se
generalizó en Argentina ha podido desarrollarse prácticamente sin trabas
sociales porque la mayor parte de las personas viven en ciudades, donde no se
perciben los desmontes, ni la expulsión de campesinos y comunidades indígenas,
ni el empobrecimiento de los suelos. Las ciudades son además los lugares donde
se produce la mayor parte de los insumos del modelo extractivo, desde
plaguicidas hasta maquinaria agrícola [10].
Como era previsible, la ostensible afectación de la salud en barrios
periurbanos expuestos a la contaminación por plaguicidas logró que se
visibilizara uno de los aspectos más negativos de las "cadenas cortas intensas".
Ni gobiernos ni corporaciones pudieron seguir tapando el sol con sus manos.
Vivir cerca de cultivos de soja, algodón, maíz y muchos otras especies,
transgénicas y no transgénicas podía enfermar y hasta producir la muerte a
pequeñas dosis. Pero el aparato productivo privado y sus fuertes socios del
Estado, principalmente Secretarías de Agricultura, siguieron ignorando
mayoritariamente las evidencias científicas y el Principio de Precaución.
Durante el juicio que se sigue en Córdoba contra dos productores y un
aeroaplicador, la Federación Agraria organizó un tractorazo para apoyar a los
acusados y protestar contra la acción judicial (7 de julio de 2012). Uno de sus
impulsores, visiblemente molesto, indicó públicamente que ellos venían aplicando
plaguicidas desde hace 30-40 años sin que murieran personas por esa causa. Fue
una confesión abierta. Reconoció que sólo pensaban en las dosis letales. Para
ellos –y para los ingenieros agrónomos que firman recetas sanitarias- las
enfermedades y las muertes por exposición a pequeñas dosis no existen.
Simplemente porque ninguno de ellos conoce los modos de acción de las bajas
dosis de cócteles químicos, ni sus efectos negativos sobre el desarrollo
embrionario, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmune y demás
sistemas del organismo humano [7]. Ya no es solamente un problema de
corporaciones y gobiernos, sino también de productores mal informados,
universidades y carreras de formación profesional. Durante años los ingenieros
agrónomos han dado indicaciones para la aplicación de plaguicidas sin tener en
cuenta los residuos acumulados en campañas anteriores. Equivocadamente se operó
como si los suelos de las explotaciones agrícolas, químicamente hablando,
empezaran cada nuevo año en cero. Esto explica porqué al hacerse recetas
fitosanitarias se sigue omitiendo la acumulación previa de clorados antiguos
como DDT y recientes como endosulfán.
2. Cada plaguicida no es un principio activo solamente. Es una mezcla de
principio activo con inertes, coadyuvantes y otros agregados, alguno de ellos
tanto o más tóxico que el plaguicida principal. Es lo que llamamos cóctel 1. Las
mezclas de fábrica contenidas en envases sin abrir también pueden sufrir cambios
químicos, lo cual genera nuevas sustancias químicas extremadamente peligrosas.
En los envases cerrados del plaguicida fosforado malathión se puede formar
isomalathión, una sustancia 7 veces más tóxica que el plaguicida originalmente
envasado. Es lo que llamamos cóctel 2. Los productores y aplicadores no suelen
usar plaguicidas en forma directa, sino que efectúan mezclas y diluciones muy
variables, generando así nuevos e impredecibles productos. Es lo que llamamos
cóctel 3. Finalmente, cuando esta suma de cócteles –cóctel 1 más cóctel 2 más
cóctel 3- es descargada al ambiente, se generan nuevas sustancias, eventualmente
más tóxicas o más persistentes o ambas. Es el cóctel 4. Del cóctel a base de
glifosato deriva el AMPA y del cóctel a base de endosulfán deriva el sulfato de
endosulfán [7][16].
Todas estas sustancias –no solamente un producto activo- llegan a las
personas por numerosas rutas, entre ellas deriva, por partículas de suelo
contaminadas que transporta el viento, por el agua y por los alimentos. ¿Cómo
pueden los productores y los ingenieros agrónomos evitar que pequeñas dosis de
estos cócteles lleguen a las personas, y sobre todo a los bebés y a los niños
pequeños, que comparativamente a los adultos, en relación con el peso, consumen
más agua, más alimentos y más aire, y tienen mayor superficie expuesta? No
pueden.
Existe además ese agravante ya mencionado anteriormente que ni la CONABIA ni
el SENASA consideran. Los campos en que se practica la agricultura conservan
residuos de plaguicidas antiguos como el DDT y el HCH, y recientes como el
endosulfán, y toda nueva aplicación se suma a ese "fondo histórico". Se genera
así un peligroso cóctel 5. Pero las personas expuestas, a su vez, son portadoras
de plaguicidas en sus tejidos graso y sanguíneo, con lo cual todo ingreso de
plaguicidas se "agrega" a los depósitos biológicos ya existentes. Es el cóctel
6. Tanto la deriva desde los campos pulverizados como la inhalación e ingesta de
residuos de plaguicidas se suma a los que cada persona almacena en sus tejidos,
y que le llegaron durante años con los alimentos, el aire o el agua contaminada,
o que recibieron de sus madres cuando eran embriones y fetos (transferencia
transplacentaria) y bebés (transferencia durante la lactancia). Dado que estas
bajas dosis de residuos pueden alterar el sistema hormonal, pues muchos
plaguicidas tienen actividad estrogénica, y afectar asimismo el sistema inmune,
con lo cual nos volvemos menos resistentes a enfermedades virales y bacterianas,
está claro que la dosis letal 50 con que se guían productores e ingenieros
agrónomos resulta inadecuada, y no protege la salud de personas expuestas.
3. El modelo de agricultura industrial para exportación no sólo exporta
granos y subproductos, sino también nutrientes. Los suelos, desprovistos de su
cobertura y de su biodiversidad natural –ambos eliminados a fin de facilitar la
siembra- carecen entonces de mecanismos físicos y biológicos suficientes para
regenerar los nutrientes que extrae cada cosecha. El suelo acumula vacíos y se
empobrece. Los compradores extranjeros pagan el grano que compran, pero no la
pérdida de suelo, ni el agua que debió utilizarse para la producción, ni la
salud perdida de las personas expuestas, ni la menor superficie con ambiente
nativo que queda tras la expansión agrícola.
Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, la planta utiliza
entre 1.500 y 2.000 litros de agua. Graciela Cordone, del INTA Castelar,
sostiene que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja se exportan 3.576
toneladas de nutrientes, casi el 10% del total. Si la carga es de trigo, lleva
1.176 toneladas, y si se trata de maíz, 966 toneladas. Esa misma investigadora
graficó la pérdida: "Necesitaríamos 300 camiones para cargar los nutrientes que
se exportan en cada barco". Agregó que de cada tres unidades de nutrientes
perdidas "sólo se repone una". En Argentina sólo se recupera mediante uso de
abonos el 37% de los nutrientes que pierde el suelo [11]. Seguir considerando
que la siembra directa conserva mejor el suelo es incorrecto, pues la erosión
biológica –esto es la extracción de nutrientes por una planta de cultivo- afecta
no solamente la estructura del suelo sino también la disponibilidad de
nutrientes. De este modo a la erosión eólica e hídrica que afecta importantes
superficies cultivadas en Argentina se agrega la erosión biológica, cada vez más
importante y extendida [10].
En cualquier país las fábricas naturales de suelo son los bosques, matorrales
y pastizales nativos con sus miles de especies vivas. La agricultura se extiende
sobre partes importantes de estos ecosistemas naturales después que se elimina
violentamente la biodiversidad superficial mediante desmonte mecánico, fuego o
sustancias químicas. De allí que sólo se conserve el suelo. Lamentablemente, la
agricultura y muy especialmente la agricultura industrial, inclusive la
practicada con abonos, demanda más suelo y nutrientes de los que su empobrecido
sistema puede producir naturalmente. En este contexto los suelos más ricos de la
pradera pampeana pueden "resistir" mayor explotación que los suelos del Chaco
semiárido, y éstos –a su vez- bastante más que los frágiles y pobres suelos
rojos de la selva misionera.
Además del defasaje entre la exportación y la regeneración de nutrientes
principales (unos 12) también se registra en los suelos cultivados una pérdida
creciente de oligonutrientes. Si el empobrecimiento de los suelos coincide con
la ocurrencia de otros disturbios, como sequía, inundaciones y erosión eólica,
los efectos combinados se vuelven cada vez más graves y definitivos. Los
cultivos, ya de por sí vulnerables a plagas, muestran que también son
vulnerables a su propia simplificación. Irónicamente, la destrucción de bosques
y otros ambientes nativos, terrestres y acuáticos, termina siendo letal para la
agricultura.
En Argentina las futuras generaciones heredarán no sólo suelos
contaminados sino también suelos pobres y desertificados.
Habida cuenta que parte de los nutrientes pueden reponerse con fertilizantes
¿dónde los obtenemos? A los fosfatos, por ejemplo, hay que comprarlos
masivamente en el exterior. Uno de los mayores proveedores mundiales es
Marruecos, donde su gobierno colonizó violentamente las tierras del pueblo
Saharauí para explotar sin obstáculos sus enormes reservas fosfáticas [12]. De
este modo Argentina comercia impunemente con un gobierno que sigue asesinando a
niños, adolescentes y adultos del Sahara Occidental.
Cada día se extraen en las minas ocupadas del pueblo Saharauí unas 200.000
toneladas de fosfatos, parte de los cuales son compradas por nuestro país [12].
Pese al cruel origen de esos insumos, casi no hubo voces de protesta cuando en
febrero de 2011 se anunció la instalación en Argentina de la Oficina Marroquí de
Fosfatos (OCP). Peor aún, esta compañía fue autorizada para crear, conjuntamente
con su filial Maroc Phosphore, la importadora OCP de Argentina. Exportamos soja
y subproductos para alimentar vacas y vehículos extranjeros, e importamos
fosfatos manchados de sangre. De este modo las grandes plantaciones de soja y
sus responsables no sólo provocan enfermedades y muertes silenciosas en
Argentina. Al comprar fosfatos también contribuyen, indirectamente, a provocar
muertes silenciosas en un país tan distante y tan próximo como Marruecos.
4. Los cultivos transgénicos no solamente implican el saqueo a veces
irreversible del suelo, y la exportación de "agua virtual" y nutrientes a otros
países, sino también la dramática reducción de la superficie cubierta con
ambientes nativos. Solamente la soja TH cubre más de 18 millones de hectáreas
que en algún momento fueron ecosistemas de alta biodiversidad. Se le deben sumar
las superficies ocupadas por maíz y algodón transgénicos, cada uno de ellos en
sus formas Bt, TH y Bt x TH, que totalizan más de 4,2 millones de hectáreas
antes ocupadas por ambientes nativos (Campaña 2010-2011) [13].
Es imposible tener agua, regeneración de suelo y estabilidad ambiental sin
conservar superficies importantes de ambientes nativos, terrestres y acuáticos.
Lamentablemente los gobiernos y los pool de siembra no lo entienden, o no les
conviene entender. Prefieren que el país termine reventándoles en las manos a
las futuras generaciones antes que reducir sus ganancias. Un bosque no tiene
solamente árboles, hongos, reptiles, aves y mamíferos, sino un complejo
entramado de seres vivos. En un metro cuadrado de suelo y hasta los 30
centímetros de profundidad pueden vivir unos 1.500 millones de protozoarios
(microorganismos), 120 millones de nematodos (gusanos), 440.000 colémbolos
(insectos), 400.000 ácaros, 2.900 ciempiés y milpiés, 500 hormigas, y muchas
poblaciones de otros organismos [17]. Cuando pasa la topadora o el fuego para
plantar soja, desaparece la biodiversidad superficial. Ese ambiente "decapitado"
deja de fabricar suelo y tiene muy baja capacidad para retener agua. La
formación de 1 centímetro de suelo en condiciones naturales demanda de cientos a
miles de años, mientras que su destrucción puede lograrse en apenas unos años o
décadas. Sobre calizas duras y clima templado-frío un centímetro de suelo tarda
5.000 años en formarse. En selvas tropicales lluviosas la formación de 1
centímetro de suelo rojo (oxisol) puede demandar de 1 a 2 millones de años [18].
¿Alcanzamos a comprender que los ecosistemas agrícolas casi no tienen
biodiversidad? ¿Y que el silencio atroz y prácticamente sin vida animal de un
campo cultivado con soja anticipa silencios más dramáticos, si no aprendemos a
balancear producción agropecuaria con conservación de ambientes naturales?
La estabilidad social y ambiental de un país depende primariamente de que la
superficie dedicada a producción agropecuaria y sistemas urbanos, y la
superficie ocupada por ambientes nativos, ocupen cada una el 50% de la
superficie total aproximadamente. De este modo es mayor la resistencia ambiental
a crisis ambientales de todo tipo, desde sequías a períodos extremadamente
lluviosos, fuegos e ingreso de plagas. Si por el contrario la superficie
dedicada a producción crece desmesuradamente, y solo van quedando Parques
Nacionales y otras áreas naturales protegidas, la vulnerabilidad se vuelve
crítica. Es lo que está sucediendo en Argentina. Pero baja también su
resistencia social. Al haber menos diversidad de cultivos y una desmesurada
dependencia de los países compradores de soja, cada vez que alguno de ellos
impone barreras o suspende las importaciones nuestro sistema económico entra en
pánico. En lugar de ser un país inteligente con una buena diversidad de
cultivos, y un adecuado balance entre superficie dedicada a producción y
ambiente nativo (lo cual supone, es cierto, menos ganancias) optamos por el
país-monocultivo y la dependencia enfermiza de los compradores externos de
granos. Esta combinación entre codicia, falta de planificación agrícola e
imprudencia comercial puede costarnos muy caro en un planeta cada vez más
volátil e inestable, sometido además al cambio climático global.
En una provincia como Córdoba, que tenía 12 millones de hectáreas de ambiente
boscoso, queda menos del 5% de bosque cerrado. Si recordamos que Córdoba es una
de las provincias con peor gestión ambiental de Argentina (y la primera con
mayor superficie dedicada a soja transgénica) [14][15], y que para el período
1998-2002 tuvo la tasa de desmonte más alta del país (-2,93%, una cifra que
contrasta con la media mundial para un período comparable, -0,23%), se entiende
cómo llegamos al actual estado de crisis. Las cuencas hídricas colapsan, pero
las exportaciones de soja aumentan. Nuevamente las ciudades, alejadas de los
lugares donde se fabrican las crisis, parecen no advertir lo que sucede. Pero
los cortes en los suministros de agua durante 2011 y 2012 encendieron una luz
roja que todavía sigue encendida.
Sin embargo ¿Quién habla en nombre de aquellos que perdieron y perderán su
salud y su vida por bajas dosis de plaguicidas? ¿Quién habla en nombre de los
campesinos expulsados de las tierras donde convivían con el bosque, ahora
dedicadas a la agricultura industrial que practican terratenientes ilegales?
¿Quién habla en nombre de la diversidad productiva, reducida irracionalmente por
los monocultivos de soja, algodón, maíz o arroz? ¿Quién habla en nombre de los
ambientes nativos que ya no producen suelo, ni agua, ni estabilidad ambiental?
¿Quién habla en nombre de un país y de provincias destrozadas ambientalmente por
malas gestiones de gobierno y por poderosos intereses corporativos? ¿Quién asume
la responsabilidad por la deprimida resistencia ambiental de Argentina, la más
baja de toda su historia?
La respuesta es el silencio. En Argentina ha triunfado hasta ahora el modelo
de los agronegocios, no la agroecología sustentable. Aunque podría haberse
equilibrado la superficie dedicada a producción con la ocupada por ambiente
nativo, gobiernos, corporaciones y hasta sectores universitarios siguen
privilegiando la destrucción, el uso de biotecnología y la codicia
simplificadora. En lugar de Manejo Integrado de Plagas (MIP) continúa optándose
por el envenenamiento masivo de organismos vivos, que expone colateralmente a
cientos de miles de personas a bajas dosis de plaguicidas. Durante 2009, por
ejemplo, se dispersaron en todo el país unos 292 millones de litros de
plaguicidas. En este contexto las incorrectas autorizaciones de plaguicidas por
el SENASA, la mediocre aprobación de organismos genéticamente modificados desde
la CONABIA y la ausencia de controles estatales delatan la inadmisible
complicidad del Estado con el modelo de los agronegocios.
Monsanto en Argentina: de 5 a 8 plantas.
Todo lo analizado con anterioridad es un prólogo indispensable para entender
las nuevas invasiones de Monsanto en Argentina. Resulta ingenuo asumir que una
planta procesadora de semillas es solamente una industria. También es un
acelerador indirecto de los procesos de monocultivo, contaminación y desmonte, y
sobre todo, un factor de consolidación del modelo básicamente depredador
instalado en nuestro país.
En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le comunicaron su plan
de inversiones en Argentina por 1.670 millones de pesos. El plan contempla la
construcción de una planta para la producción de semillas de maíz en Malvinas
Argentinas (Córdoba), dos estaciones experimentales y 170 millones de pesos para
investigación y desarrollo en maíz y soja. Las estaciones experimentales se
localizarían una en Tucumán y la otra en Córdoba [1][2].
Malvinas Argentinas es una localidad del Departamento Colón ubicada 14
kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros de barrio
Ituzaingó Anexo. Según el Censo de 2010 tiene 12.484 habitantes pero la
población continúa creciendo. Al igual de otras ciudades rurales, sus bordes
reciben los plaguicidas aplicados en campos colindantes cultivados con soja.
Afortunadamente la noticia sobre la posible radicación de Monsanto en
Malvinas Argentinas coincidió con el fuerte debate social sobre los efectos de
las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el ambiente.
Además del juicio que se registra en Córdoba contra tres personas por
aplicación ilegal de plaguicidas (2012), se reactivó en la justicia provincial
la causa madre por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo iniciada por FUNAM en
2002 [20]. Esta causa –en la cual están imputadas las mismas personas que hoy
enfrentan el juicio, y donde seguramente se investigará a funcionarios públicos-
analiza la asociación entre aplicación de plaguicidas y daños a la salud. Los
querellantes de la causa madre son FUNAM además de 30 Madres y vecinos de barrio
Ituzaingó Anexo [19].
Estas acciones, históricas, se suman al emblemático juicio finalizado en
Paraguay hace siete años (2005), donde su Corte Suprema de Justicia dejó firme
la condena de dos años de prisión impuesta a varios productores sojeros que
produjeron la muerte de un niño (Silvino Talavera), y la intoxicación de su
familia, tras aplicar glifosato en dos oportunidades (2003) [22].
Una planta para el acondicionamiento de semillas -como la planificada por
Monsanto para Malvinas Argentinas- no puede disociarse de los campos que las
sembrarían, ni del uso asociado de plaguicidas y sus efectos. Siendo Monsanto
una de las empresas líderes en el mantenimiento del modelo extractivo, es
inevitable predecir que una mayor presencia de la corporación agravaría
regionalmente los efectos indeseados, esto es, expansión de la superficie
cultivada, destrucción de ambientes nativos y sobre todo, más enfermedades y
muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas.
El actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina debería ser
asumido como una variante muy extendida y superficial de la megaminería. En los
cultivos no se extraen metales valiosos, sino nutrientes que luego se exportan
como granos. Agricultura y megaminería tienen en común, además, el consumo de
agua, mayor en la agricultura industrial, y la generación de pasivos
ambientales. Mientras que la megaminería abandona colas de mineral y depósitos
de estériles, la agricultura industrial deja acumulaciones diseminadas de
plaguicidas que persisten por años y décadas.
La planta de Malvinas Argentinas, cuya puesta en funcionamiento se prevé para
el año 2013, trataría y acondicionaría semillas de maíz hasta lograr una
capacidad máxima de producción de 3,5 millones de hectáreas. Argentina tendría
las dos plantas más grandes del mundo para el acondicionamiento de semillas, lo
cual fortalecería el ya descontrolado modelo extractivo. Continuamente se
registran en Córdoba operaciones de desmonte ilegal para seguir ampliando el
área cultivable. Es previsible por lo tanto que las actividades de Monsanto no
sólo induzcan la expansión de fronteras agrícolas, sino también procesos de uso
más intensivo de los suelos.
La planta que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas no se
dedicaría a la producción de plaguicidas. Pero incentivaría indirectamente su
uso a nivel provincial. Al establecerse en Córdoba –y ampliar sus actividades en
Argentina- consolidaría aún más la agricultura industrial para exportación. El
dilema queda planteado. Los 400 puestos de trabajo previstos por Monsanto para
la planta representan indudablemente un atractivo en zonas con desempleo
crónico. Pero las actividades de la acondicionadora de semillas también tendrían
efectos indeseados, como la consolidación del modelo extractivo, con su secuela
de morbilidad y mortalidad, y la pérdida de puestos de trabajo en actividades
incompatibles con los cultivos transgénicos.
Existen además obstáculos legales y administrativos muy importantes. Es
inaceptable que una empresa como Monsanto anuncie sus inversiones desde Nueva
York, y que anticipe además fechas de puesta en funcionamiento como si no
hubiera Estado regulador en Argentina. También es inaceptable que la propia
presidencia de la Nación permita ese juego colonial. Monsanto, como cualquier
otra empresa, no debe decidir por sí misma lo que hará o no en un país que se
supone soberano. Por el contrario, debe hacer la propuesta formal, iniciar el
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Córdoba y someter su proyecto a
debate en Audiencia Pública. La Ley del Ambiente 7343 de la provincia de
Córdoba, su decreto reglamentario 2131 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y
la Ley Nacional de Ambiente 25675 son de cumplimiento obligatorio e ineludible.
Las localizaciones no se deciden en Nueva York o Saint Louis, Estados Unidos,
sino en Malvinas Argentinas, en Córdoba, con la participación de todos sus
pobladores. Ningún funcionario público, por alto que sea su rango, puede
asegurarle a Monsanto que se instalará. Como cualquier empresa pública o privada
debe presentar formalmente su propuesta en Argentina, y someterse a la ley. Lo
sucedido fuera del país volvió a mostrar el escaso respeto de muchos
funcionarios públicos de Argentina y de la propia Monsanto por los procesos
administrativos y por la opinión de personas que pudieran verse afectadas. No
olvidemos además que esa empresa tiene pésimos antecedentes industriales. Como
ya lo dijimos antes, participó del proceso de fabricación de las primeras bombas
atómicas, produjo armas químicas que se usaron en Vietnam y violó normas de todo
tipo en muchos países, todo ello en nombre de sus ganancias. De allí que Natural
Society, una reconocida organización no gubernamental de Estados Unidos,
declarara a Monsanto "la peor empresa del año 2011" tras considerar que
amenazaba "la salud humana y el ambiente" [25].
Muchos pobladores de Malvinas Argentinas conocieron la posible radicación de
la planta dedicada al acondicionamiento de semillas por los medios y no están
dispuestos a que la propia Municipalidad, la provincia o la nación cercene sus
derechos. Los debates ya empezaron, sobre todo en los colegios [21]. Apuntan
críticamente al intendente y al gobierno de la provincia, pues sospechan que ya
se habrían otorgado autorizaciones.
Cabría preguntarse ¿Por qué Córdoba? La decisión no es casual. Hay cuatro
motivos visibles.
1) Tiene a nivel nacional la mayor superficie cultivada con soja transgénica
y pese a que sólo conserva menos del 5% de bosque nativo, su superficie
cultivada sigue creciendo.
2) Desde 1996 los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales vienen
apoyando esta redituable simplificación de la biodiversidad productiva para
acrecentar la exportación.
3) Las universidades públicas y privadas producen cada vez más especialistas
en ingeniería genética, y
4) Sectores importantes de la sociedad están convencidos –equivocadamente-
que este modelo de producción es económicamente sustentable. Aunque Monsanto no
lo explicite, estar cerca de los grandes consumidores de semillas transgénicas
le permitirá fiscalizar y reducir el creciente uso irregular de "sus" semillas
patentadas.
También existen cuatro motivos invisibles;
1) Argentina ejecuta una pésima política ambiental, más basada en la
declamación que en los controles, lo cual tranquiliza a empresas como Monsanto
2) Los gobiernos locales y buena parte de la sociedad no advierten la fuerte
degradación de los suelos productivos.
3) Las consecuencias sanitarias permanecen tan poco visibles como los efectos
ambientales, y
4) Estado y Monsanto favorecen el mismo tipo de modelo productivo.
Esto es, un modelo extractivo basado en cientos de sustancias tóxicas, falta
de controles estatales y ausencia de estudios epidemiológicos. Un modelo que
genera cuantiosas ganancias públicas y privadas en el corto plazo. Un modelo que
nos hace más dependientes y vulnerables a los compradores externos. Un modelo
que le roba salud y estabilidad ambiental a las actuales y futuras generaciones.
Un modelo que diariamente y en silencio aumenta la contaminación química de
embriones, fetos, mujeres embarazadas, bebés, niños, adolescentes y adultos. Un
modelo que en el nombre del progreso (de unos pocos) termina haciendo sufrir
indeciblemente (a la mayoría). Un modelo donde por cada tonelada de soja
exportada se invierte localmente en una tonelada de sufrimiento silencioso. Pero
los sufrimientos silenciosos terminan por romperse. Y cuando el silencio social
se rompe nada vuelve a ser igual.
www.ecoportal.net
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo - Presidente de FUNAM,
Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba y
Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia).
Rik Clay
(1982-2008) fué un joven inglés dotado de un talento extraordinario para
investigar e interpretar muchas materias y conocimientos. Viajó por diferentes
países y plasmaba sus conclusiones en su sitio web "The Cosmic Mind" ("la mente
cósmica"). En 2008 apareció muerto, supuestamente sucidado, si bien su familia y
amigos no creen en la explicación del suicidio.
La explicación
de para qué se realizó semejante idiotez era para plantar una semilla en la
mente del público y para juzgar y acostumbrar nuestra reacción, orientada a un
suceso similar futuro. Fué sencillamente una prueba de lo que sucedería después
en la realidad. Hay que fijarse que en dicho evento se presentó a los visitantes
como aliados y seres benévolos con la humanidad.
Las cartas del
Juego Illuminati Inwo muestran una carta de Desastres Combinados, en la que cae
una torre con reloj y la gente corre, y esta imagen se ha asociado a Londres
2012. El reloj de la torre marca las 11:11 h. Es curioso que los 5 personajes
que salen en la carta llevan ropa de diferentes colores: blanco, verde,
amarillo, azul y rojo, los colores de los 5 Anillos Olímpicos.
Algunos han
deducido que la torre que cae en la carta Inwo es la torre Wako de Ginza en
Tokio, Japón. El 11-M de 2011 Japón sufrió el desastre de Fukushima. Pero en
realidad la torre que cae se refiere a ambas torres y a otras más que caerán.
Los 5 corredores con los colores olímpicos así lo expresan.
Pues
posiblemente, y los datos e indicios apuntan a ello, ocurrirán ambas cosas y el
guión podría ir más o menos así:
