Las precarias e inseguras condiciones de las cárceles de Brasil, donde prácticamente imperan las normas de las bandas de delincuentes, semejan la ley de la selva.
Un video divulgado el martes pasado en el Website del diario brasileño “Folha do Sao Paulo”, que mostraba cómo un grupo de presos decapita a otros de una banda rival del complejo penitenciario de Pedrinhas, en Maranhão, al norte de Brasil, disparó las alarmas sobre la crisis que atraviesa el sistema carcelario del país sudamericano, país donde no existe la pena de muerte.
En el video se ven los cadáveres decapitados de tres presos tras un enfrentamiento por ajuste de cuentas, y cómo los autores de la masacre agitan las cabezas.
Tras la divulgación del video, la Ministra de Derechos Humanos brasileña, Maria do Rosário Nunes, convocó una reunión extraordinaria con la participación de representantes del Ministerio Público Federal (Fiscalía), del Ministerio de Relaciones Exteriores y asociaciones de educación y prensa del país, así como la Orden de Abogados de Brasil.
El Gobierno de Brasil anunció el jueves un plan de emergencia de once medidas cuyo objetivo es detener la crisis en las cárceles de Maranhão, en el noreste de este país latinoamericano.
Sin embargo, para algunos sociólogos, cuando la prensa olvide el video y la brutalidad de los incidentes, el Gobierno también los olvidará.
La cárcel de Maranhão es una de las más inseguras del país, con mayor índice de violencia, y donde los presos viven en condiciones infrahumanas. En las cárceles de esta región sufren por sobrepoblación, inseguridad, la posibilidad de revuelta y violencia.
En 2013 se registraron en los presidios brasileños al menos 218 homicidios, lo que representa un promedio de una muerte cada dos días. Desde enero de 2013, solo en las cárceles de Maranhão, 62 presidiarios perdieron la vida en altercados violentos, incluso desde estas prisiones se ordenaron atentados en el exterior.
De acuerdo con Cezar Bombeiro, vicepresidente del Sindicato de Servicios Penitenciarios del estado de Maranhão, la falta de inversión, las condiciones de trabajo infrahumanas y la sobrepoblación son los problemas más graves de las cárceles de la región.
En general, la situación de las cárceles de Brasil es inhumana, más de 300 presos viven en una celda con capacidad para 36 personas, no hay espacio suficiente ni para dormir.
En las cárceles de Rondonia y Río de Janeiro, los guardias de los reclusorios son corruptos y la violencia interna es incontrolable.
El pasado mes de enero, varios organismos penitenciarios y públicos brasileños denunciaron la falta de seguridad existente desde hace décadas en las prisiones de la nación latinoamericana.
Hace días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron al ejecutivo brasileño que garantizara la integridad y seguridad de los reclusos del Presidio Central, sito en la ciudad sureña de Porto Alegre; exigieron, a su vez, la disminución de la tasa de reclusos del Presidio Central, que supera en casi 3 000 personas su capacidad oficial, y medidas que avalen un tratamiento médico adecuado y unas condiciones higiénicas mínimas.
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