Cuando se trata de pederastia tengo política de cero tolerancia. Para mí, no hay razón que justifique un acto tan atroz cometido contra un niño. No importa si el abuso sexual tuvo lugar en su escuela, en su casa o en la iglesia. Es igualmente deleznable y todos merecen ser castigados. Así que cuando leí que un cura abusó sexualmente de, al menos, 45 niños indígenas en Oaxaca, me hirvió la sangre de coraje, y me enojé más cuando advirtieron que el Vaticano exculpó al probado pederasta y a su protector porque “no pesa denuncia verosímil” en su contra.

Los testimonios sobre las malas costumbres del sacerdote empezaron a circular desde junio de 2009. Fueron presentados por autoridades municipales, feligreses y nueve curas de la región. Los últimos, comentaron los hechos directamente al arzobispo José Luis Chávez Botello y con su obispo auxiliar, Óscar Campos Contreras –hoy obispo de Tehuantepec–. Posteriormente, notificaron al Vaticano.

Pero ni el obispo, ni el arzobispo, ni el Vaticano hicieron algo al respecto. Por el contrario, el Vaticano exculpó a Gerardo Silvestre y a su aparente cómplice, el arzobispo José Luis Chávez. El arzobispo no conforme con permitir que el cura pederasta continuara en ejercicio durante más de tres años, castigó a los sacerdotes denunciantes y, además, elevó de categoría al abusador sexual. ¿Por qué? De acuerdo a los testimonios, porque el obispo es el “pollo” -amante- de Gerardo Silvestre o, por lo menos, eso presume él.

Los testimonios de víctimas y testigos, no sirven de nada cuando de impunidad se trata. Pedro Mendoza, padre de una de las víctimas, narró la historia de su hijo en la que destacan dos intentos de suicidio tras el abuso del que fue objeto, razón por la cual ingresó a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas para recibir atención médica, legal y psicológica. Y si las autoridades eclesiásticas no hacen nada, las civiles andan igual. De acuerdo con Mendoza, la Procuraduría del Estado no ha consignado a un juez la averiguación previa 22/DS/2012 iniciada por la agresión a su hijo y a otros menores de edad víctimas de abuso en Santiago Camotlán y Villa Alta.

Por su parte, la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, emitió un comunicado de prensa para lavarse las manos. Ya saben, en el tenor de siempre: repudio a la pederastia, eso es personal, ellos no tienen la culpa, hay muchas denuncias falsa de ese tipo, no tenían conocimiento, la denuncia es anónima y no tiene validez, eso no les toca a ellos sino a la PGR, da la impresión de que existe la intención de un linchamiento mediático a una persona y a la institución que representa… ¡ah! Pero eso sí, son los “primeros interesados en que investiguen los hechos, se conozca la verdad y se evite la impunidad”.

Aclaro que, aunque atea, no soy de las personas que piensan y dicen que “todos” los sacerdotes son pederastas, habrá unos que sí, otros que no -y quiero creer que los que no lo son, son mayoría-. Pero existe un patrón muy marcado en este tipo de casos por parte de las autoridades: encubrir y solapar. Y lo hacen en todos los niveles. A veces piden perdón a las víctimas, lloran, hacen un evento, pero no hablemos de castigar a los culpables porque ahí se hacen los desentendidos.

Si bien, mi primera reacción fue la indignación, procuro calmarme para escribir -no siempre lo logro- para tratar de presentar un panorama más amplio y hacer un análisis, si no objetivo -eso es imposible y no hablaré de epistemología en este espacio-, al menos ligeramente crítico. Las acusaciones por pederastia son complicadas. Es la palabra del menor contra la del agresor.

En ambos casos presuntos, es decir, el abuso se tiene que comprobar -una de las cosas más humillantes que existen para alguien que fue objeto de este tipo de actos, que en muchos casos lo único que quiere es tratar de bloquearlo o ignorarlo-. Si se dan cuenta, ese patrón de las instituciones para encubrir y solapar a los pederastas tiene un fuerte apoyo en situaciones de poder, es decir, el abusador sabe que difícilmente se le podrá comprobar o acusar del delito porque no es un violador cualquiera, es más bien una persona integrada a la sociedad, o sea, el típico “pero cómo crees que fulano va a hacer eso, si es bien hombre o es incapaz o es tan bueno o, etc.”.

Este caso en particular, se dio a conocer por los medios -especialmente La Jornada-, ante la inactividad de las autoridades que se supone deberían hacer algo al respecto. Los medios hacen su papel: denunciar. Y con la denuncia viene el juicio: es culpable. ¿Lo es? Si me lo preguntan a mí, yo creo que sí, por el testimonio del padre de la víctima, el comportamiento encaja con el cuadro de abuso sexual.

El problema es que las leyes son mucho más complicadas que un mero juicio infundado y tampoco podemos salir con antorchas a quemarlos vivos -aunque no es mala idea-. Personalmente me gustaría que existieran penas más severas para los pederastas, que dejen de encubrirlos y solaparlos, que paguen el daño que le hacen a los niños. Pero parece que en este caso -como otros tantos-, es mucho pedir.


Fuente: Vivirmexico