Varios congresistas dominicanos denunciaron ayer una carta que diecinueve congresistas de Estados Unidos enviaron al Gobierno dominicano en la que se oponen a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados.
Los estadounidenses indican en la misiva que el referido dictamen pone en peligro la ciudadanía y el estatus de residencia de más de 200 mil personas de origen haitiano, por lo que lo calificaron de “arbitrario y discriminatorio”. Los firmantes de la carta son Joseph P. Kennedy III, Frederica Wilson, Karen Bass, Ami Bera, Michael Capuano, Steve Cohen, John Conyers Jr., Danny K. Davis, Theodore Deutch, Marcia L. Fudge, Joe García, Alcee Hastings, Eddy Bernice Johnson, Barbara Lee, Zoe Lofgren, Nita M. Lowey, James McGovern, James P. Moran y Niki Tsongas.
Expresan que “la situación en la República Dominicana se ve agravada por una clara evidencia de que el fallo reciente y las políticas del pasado han tenido un impacto racialmente dispares, por lo que instamos al país y la comunidad internacional a tomar medidas para evitar una potencial crisis”. Agregan que el problema de los desendientes de haitianos “es humano por naturaleza, y necesita ser resuelto de manera justa y humanitaria a favor de quienes sólo conocen la República Dominicana como su patria”.
INTROMISION INADMISIBLE
A ese planteamiento le salió al frente el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y el de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez.
Martínez calificó dicha carta como una “intromisión inaceptable y una falta grave de respeto”.
“Respetamos y exigimos respeto. Nunca nos hemos inmiscuido en los asuntos internos de otra nación y mucho menos de la gran nación de Washington y Lincoln. No aceptamos los términos de esa comunicación por ser irrespetuosos y agraviantes”, precisó.
A su juicio, constituyen un exceso los calificativos de “arbitraria y discriminatoria” dados por los congresistas extranjeros a una decisión soberana del Estado dominicano.
De su lado, el Presidente de la Comisión de Justicia manifestó que República Dominicana no puede sustentar sus decisiones sobre la base de la opinión de otros países.
“Nosotros no debemos aceptar ningún tipo de injerencia de Estados Unidos, que no firma la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que no firma en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero que quisiera imponer su política en el resto de los países de la región”, sostuvo.
Afirmó, asimismo, que “el dictamen TC no ha hecho más que romper con la inercia de una serie de decisiones sobre migración y nacionalidad”.
almomento.net
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