Este martes se aprobó el proyecto de Ley para elevar los impuestos de la banca en Ecuador, una propuesta que prevé recaudar unos 164 millones de dólares anuales y que serían destinados a las clases más bajas del país.
La iniciativa del gobierno de Rafael Correa, candidato a la presidencia, fue aprobada por 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones.
La iniciativa del gobierno de Rafael Correa, candidato a la presidencia, fue aprobada por 79 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones.
La Asamblea Nacional, el parlamento unicameral
ecuatoriano, dio el visto bueno a la iniciativa. Eran necesarios por lo menos 63
votos para su aprobación. A los 54 escaños del movimiento oficialista
Alianza País y sus aliados socialistas se sumaron legisladores de oposición en
favor del proyecto de ley, que mantuvo el contenido principal del borrador
enviado por el Ejecutivo.
El texto enviado por el mandatario ecuatoriano,
plantea una serie de gravámenes para financiar un aumento de 35 a 50 dólares, a
partir de enero, del Bono de Desarrollo Humano (BDH), un subsidio creado en 1998
que beneficia a 1,9 millones de personas de bajos recursos económicos. Correa propone un impuesto de 3 por ciento sobre
los ingresos gravables de las instituciones financieras y una nueva tasa de 0,25
por ciento mensual, sobre sus activos en el exterior, pudiendo ser de 0,35 por
ciento, si están en paraísos fiscales.
La propuesta del alza del bono la presentó
originalmente Guillermo Lasso, un exbanquero que es candidato a la Presidencia,
aunque él dijo que la pagaría con los fondos que el Estado destina a
publicidad. Correa prometió el mismo incremento, pero
costeado con un aumento de los gravámenes a la banca.
También sugiere un Impuesto al Valor Agregado
(IVA) del 12 por ciento para los servicios financieros y eliminar un beneficio
que permite a los banqueros deducir 10 por ciento del impuesto a la renta
mediante la reinversión de ganancias en créditos productivos. Además, busca poner un límite a los salarios de
los directivos de los bancos, pues según el gobierno esos montos encubren las
utilidades, además, planea ampliar el acceso de las autoridades a la información
bancaria de los clientes.
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