El Gobierno japonés aprobó este viernes un proyecto de ley que endurece las sanciones penales por la divulgación de información secreta relacionada con la seguridad nacional.
La nueva inciativa autoriza a los ministros y otros jefes de departamentos administrativos a clasificar como información “secreta oficial” los datos relacionados con la defensa, la política exterior, las actividades subversivas, incluso el espionaje y el terrorismo.
La pena máxima por la divulgación de tal tipo de información, incluso para los funcionarios japoneses, se aumenta hasta los 10 años. Entre tanto, los que colaboren con la filtración o difusión de esa información corren el riesgo ser condenados a cinco años de prisión.
La nueva designación de secretos oficiales tendrá vigencia hasta 5 años, pero con posibilidad de prórroga. Con la decisión especial del Gobierno el documento secreto puede ser prolongado hasta un período de 30 años.
La ley previa
La anterior ley sobre este tema fue aprobada en 2001 y era más leve. Por divulgar información secreta se podían enfrentar penas de hasta cinco años. Además, la información secreta abarcaba solo datos sobre seguridad nacional cuestionada por el Ministerio de Defensa nipón.
La idea de aprobar una nueva ley de secretos oficiales llega después de que oficiales del servicio guardacostas publicaran en 2010 en internet un vídeo que mostraba la colisión de dos patrulleras niponas y un pesquero chino cerca de las islas Senkaku, territorio que se disputan Tokio y Pekín.
“Asunto urgente”
Se supone que la polémica ley será aprobada a principios de diciembre por el Parlamento japonés, donde el bloque oficialista tiene una mayoría en ambas cámaras.
El Gobierno de Shinzo Abe asegura que se trata de un “asunto urgente” para Japón y que la nueva legislación está dirigida a proteger la información confidencial. Entre tanto, la principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático, prepara una contramedida para garantizar el derecho a la información.
Polémica
La iniciativa de las autoridades japonesas está marcada por las fuertes críticas en su contra por parte de las organizaciones sociales. Así la Federación de Colegios de Abogados, una influyente organización en el país, cree que este documento gubernamental no define plenamente el concepto “secreto oficial” y que deja muchas posibilidades de abusar en esa materia por parte de los funcionarios.
“Básicamente, este proyecto de ley plantea la posibilidad de que la información sobre la que se debe informar a la población se mantenga en secreto eternamente”, dijo a Reuters el abogado Tadaaki Muto, miembro de la Federación de Colegios de Abogados.
Los críticos, entre ellos representantes de los medios japoneses, señalan que la nueva ley otorgaría al Ejecutivo demasiado poder para ocultar la información sobre la opinión pública y puede poner en peligro la libertad de prensa. “Me parece que está muy claro que la ley tendría un efecto negativo sobre el periodismo en Japón”, dijo Lawrence Repeta, profesor de Derecho en la Universidad de Meiji, en Tokio.
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