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lunes, 15 de junio de 2015

Sindicato británico denuncia supresión del derecho a la protesta

Por Hispan Tv
El mayor sindicato del sector público británico denuncia intentos del Gobierno de David Cameron por suprimir la capacidad de movilización de los trabajadores.
Si el Gobierno pretende quitar a la gente el derecho a organizarse y protestar, estamos ante un problema de libertades civiles”, ha dicho el secretario general de Unison, David Prentis, en declaraciones recogidas hoy lunes por el diario local The Guardian.
Londres busca promulgar una ley que retiraría la protección legal a cualquier sindicato que convoque una huelga, si esta no es apoyada en una votación por un 40 % de los trabajadores implicados.
Además, en esa votación debería participar al menos el 50 % de los trabajadores, o incluso más en el caso de empresas públicas.
Prentis califica la reforma de “antidemocrática” y advierte de que, en caso de prosperar, su sindicatopodría convocar protestas al margen de la ley. “Nada está descartado”, recalca.
Manifestación de protesta convocada por el sindicato Unison, marzo de 2014
El sindicato Unison cuenta con 1,3 millones de afiliados y, según avisa su secretario general, está preparado para diez años de enfrentamiento con un Ejecutivo cuya actitud considera “hostil” y “rencorosa”.
Los sindicalistas temen que el Gobierno quiera neutralizar su capacidad de resistencia para imponer un programa de recortes que podría eliminar hasta 800.000 puestos de trabajo del sector público de aquí a 2019.
La rueda de prensa de Prentis antecede a una reunión de miembros laboristas, en la que se decidirá si Unison apoya a alguno de los candidatos a suceder, como líder del Partido Laborista, a Edward Miliband, vencido por un margen inesperado en las elecciones del pasado 7 de mayo.
El primer ministro británico, David Cameron
El movimiento de reducción de la libertad de protesta y manifestación se observa también en otros países europeos, entre ellos España, donde el también derechista Gobierno del Partido Popular ha hecho aprobar una reforma que impone multas de hasta 600.000 euros por modalidades de protesta hasta ahora comunes.

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